Permitir que los sospechosos permanezcan indefinidamente en nuestras celdas es, de hecho, perjudicial para nuestros objetivos de seguridad nacional. Si se demuestra que un sospechoso es un terrorista, por el bien de las víctimas y para disuadir de futuros atentados, debe ser llevado ante la justicia. Estados Unidos lo ha hecho con Timothy McVeigh y otros cientos de terroristas.