Toda la legislación de "interés público" (y cualquier distribución de dinero tomado por la fuerza de algunos hombres para el beneficio inmerecido de otros) se reduce en última instancia a la concesión de un poder indefinible, no objetivo y arbitrario a algunos funcionarios del gobierno. Lo peor de todo no es que ese poder pueda utilizarse de forma deshonesta, sino que no puede utilizarse de forma honesta. El hombre más sabio del mundo, con la integridad más pura, no puede encontrar un criterio para la aplicación justa, equitativa y racional de un principio injusto, inequitativo e irracional.