Para los defensores de los derechos de los estados, la Constitución es como un contrato que una de las partes viola impunemente. Sobre el papel, los estados siguen siendo poderes soberanos, mientras que en la realidad el gobierno federal parece capaz de dictarlo todo, desde los ingredientes de los almuerzos escolares hasta los límites de velocidad. En la actualidad, el Congreso recauda impuestos de forma rutinaria para devolver el dinero a los estados con la condición de que se ajusten a las exigencias federales.