La Constitución propuesta, lejos de implicar una abolición de los gobiernos estatales, los convierte en partes constituyentes de la soberanía nacional, al permitirles una representación directa en el Senado, y deja en su posesión ciertas porciones exclusivas y muy importantes del poder soberano. Esto se corresponde plenamente, en todo sentido racional de los términos, con la idea de un gobierno federal.