Por tanto, las leyes que autorizan y promueven el aborto y la eutanasia se oponen radicalmente no sólo al bien de la persona, sino también al bien común; como tales, carecen por completo de auténtica validez jurídica. El desconocimiento del derecho a la vida, precisamente porque lleva a matar a la persona a la que la sociedad existe para servir, es lo que más directamente entra en conflicto con la posibilidad de realizar el bien común. En consecuencia, una ley civil que autorice el aborto o la eutanasia deja por ese mismo hecho de ser una verdadera ley civil moralmente vinculante.