A pesar de las dos sentencias dictadas en 2008 y 2010 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en las que se afirma inequívocamente que la Segunda Enmienda de la Constitución garantiza el derecho individual a poseer y portar armas frente a cualquier infracción por parte del gobierno, las legislaturas estatales siguen haciendo precisamente eso: promulgar leyes que infringen significativamente este derecho humano fundamental.