Dados los patrones racistas y patriarcales del Estado, es difícil imaginar al Estado como el poseedor de las soluciones al problema de la violencia contra las mujeres de color. Sin embargo, a medida que el movimiento contra la violencia se ha institucionalizado y profesionalizado, el Estado desempeña un papel cada vez más dominante en la forma en que conceptualizamos y creamos estrategias para minimizar la violencia contra las mujeres.