Lo sabemos por la Ley GI tras la Segunda Guerra Mundial, en la que el Congreso descubrió que por cada dólar que invertíamos como contribuyentes en educación superior gratuita para los soldados que regresaban, recuperábamos 7 dólares por cada dólar invertido. Un enorme retorno de nuestro dinero en beneficios públicos y mejora de los ingresos.