Hasta la década de 1930, la Constitución constituyó una importante limitación para el intervencionismo económico federal. Se entendía que los poderes del gobierno eran tal y como pretendían sus creadores: pocos y explícitamente enumerados en nuestro documento fundacional y sus enmiendas. Busque en la Constitución todo lo que quiera, y no encontrará ninguna autoridad específica para que el gobierno gaste dinero en la investigación del calentamiento global, el transporte público urbano, los cupones de alimentos, el seguro de desempleo, Medicaid, o innumerables otros artículos en el paquete de estímulo e, incluso sin él, en el presupuesto federal regular.