Renunciando a los derechos de conciencia, no incluidos en la rendición que implica el estado social, y más o menos invadidos por todos los establecimientos religiosos, la simple cuestión a decidir es si el sostenimiento de la mejor y más pura religión, la religión cristiana misma, no debería, al menos en lo que se refiere a los medios pecuniarios, ser provista por el Gobierno, en lugar de ser dejada a las disposiciones voluntarias de aquellos que la profesan.