La industria petrolera apenas tiene libertad para operar con la eficiencia que podría o para responder a las demandas de los consumidores como le gustaría. Se ha convertido, en esencia, en una empresa casi estatal, porque no puede perforar, transportar, refinar y almacenar combustible sin recibir permiso del gobierno, cumplir la normativa gubernamental y pagar impuestos en cada nivel o producción.