Ningún sistema de justicia penal puede, o debe, sobrevivir si llega a depender para su eficacia continuada de la abdicación de los ciudadanos por desconocimiento de sus derechos constitucionales. Ningún sistema que merezca la pena preservar debe temer que, si se permite a un acusado consultar con un abogado, tome conciencia de esos derechos y los ejerza.