Entre nuestra población hay unos 12.000.000 de personas de color. Según nuestra Constitución, sus derechos son tan sagrados como los de cualquier otro ciudadano. Es un deber tanto público como privado proteger esos derechos. El Congreso debe ejercer todos sus poderes de prevención y castigo contra el horrendo crimen del linchamiento, del que los negros no son los únicos que sufren, pero del que son la mayoría de las víctimas.