Desde el principio, nuestras constituciones y leyes estatales y nacionales han hecho gran hincapié en las garantías procesales y sustantivas destinadas a asegurar juicios justos ante tribunales imparciales en los que todos los acusados son iguales ante la ley. Este noble ideal no puede hacerse realidad si el pobre hombre acusado de un delito tiene que enfrentarse a sus acusadores sin un abogado que le asista.